VAMOS A LA ANARQUIA

Deseamos comentar tantas cosas buenas o de sus protagonistas, pero la maldad se impone, especialmente cuando se trata de transportistas u otros gremios. Poco a poco vamos a la anarquía, donde las leyes estarán en los museos, pareciera que llegó el momento de las hordas bárbaras, algunos conocidos como movimientos sociales, en las que cada dirigente, líder no puede ser, hace e instiga a lo que le place sin importarle ninguna norma. Los campesinos se meten a una mina exigiendo derechos propietarios, por haber nacido cerca a esa mina. Los transportistas que manejan carros, para transporte humano, totalmente destartalados, bloquean las rutas con la finalidad de seguir con esa especie de basura peligrosa sobre ruedas con más de 20 años de uso, siendo que en cualquier país civilizado son cinco o seis años como límite de uso en el transporte masivo de pasajeros, pero en el país, donde el poder del bloqueo y el gobierno de las calles se imponen tenemos que seguir soportando la incomodidad de viajar en buses o minis que más parece que fueron hechos para gente pequeña y no así para personas normales. Regantes que obedeciendo consignas políticas obligan a adherirse a sus manifestaciones haciendo un control riguroso de la asistencia a marchas “multitudinarias”, aplicando a los faltones multas elevadas por medio de sus papeletas de pago de servicios como de luz, agua y otros, para verificar accedamos a las boletas de pago en algunas cooperativas, uno o dos meses después de cualquier manifestación “voluntaria” de los regantes comprobaremos lo que decimos. En realidad todo pareciera girar en la mentira y la farsa, lo que sucede a todo nivel y en todo estrato de nuestras actividades. Nuestras calles están saturadas de vehículos contaminadores del ambiente y nadie le pone fin a ese atentado, solo se llenan la boca con la defensa a la Mamapacha, clavándole el puñal por la espalda. Es como en las fiestas religiosas donde si no sales atajando pollos o caminando a cuatro extremidades por la beodez no hubo fiesta. Es tiempo de que en la educación, de la casa como de la formal existaa responsabilidad de insistir en los valores morales, la ética, la utilización de códigos humanos y religiosos para la relación interpersonal.
Hagamos una mirada desde fuera de nuestras actitudes y nos daremos cuenta de lo dicho: Hay un proceso claro de que estamos dirigiéndonos a una anarquía donde ni los propios agentes coercitivos o disuasivos solucionan el bodrio y la responsabilidad de obedecer las leyes. Sin esa obediencia a las normas legales vigentes, hay anarquía, especialmente en el sector de los transportistas acostumbrados a tener demasiadas prebendas y tolerancia en sus abusos. XXX

OTRA FARÁNDULA

No comentaremos el desembolso del Banco Central de Bolivia de más de 68 millones de las Reservas Internacionales Netas a favor de la nacionalizada YPFB, para desaparecer en su empleomanía, mientras llenan de declaraciones a los medios que para ese uso convocarían a un referéndum, tampoco reclamaremos de otros préstamos que desaparecen en Yacimientos. O la invención de etnias con la finalidad de obtener votos. Hay mucho atrevimiento gubernamental y poco o nada de control social por miedo a represalias.
Preferimos comentar de las distracciones que inventan y suceden por imprevisiones de quienes usufructúan el poder. Nuevamente nos convocarán a perder el tiempo en largas filas para acceder al invento de Antonio Costas, que dirigiría el Servicio General de Registro Ciudadano, para obtener el nuevo Documento Único de Identificación (DUI). Aquellas personas a quienes el Estado les concedió el Carnet de Identidad con validez indefinida en qué quedarán, porque ningún organismo, de manera legítima, puede cuestionar un documento de identificación brindado por el Estado, sin poner en riesgo todos los demás certificados que acumuló a lo largo de su vida. El número del Carnet es parte de la personalidad, costó mucho tiempo registrarlos en los documentos de toda una vida, para que venga un “inventor” entusiasmado con la cibernética, el espionaje y anularlos al darnos otro nuevo. Que empiecen con los recién nacidos y formen una generación nueva con el DUI, no joroben a los viejos a quienes se les obligará a formar filas con interminables esperas para recabar otro número en un nuevo cartón de identidad, además con un chip que servirá inclusive para seguir los pasos del usuario vaya donde vaya y espiar todas sus actividades, igualmente para otros intereses en beneficio de los gobernantes de turno y no de la gente. Ese documento DUI se complementará con el satélite boliviano (otro gasto insulso) con lo que se perfeccionará el círculo de espionaje a los bolivianos.
Es una lástima que Antonio Costas dedique su tiempo y formación a crear posibles cambios cargados de sospechas, probablemente ese proyecto le sirvió para candidatear al cargo en el nuevo sistema, que tarde o temprano también podrán clonarlo chip y todo. Para anteriores elecciones ya se hizo el registro biométrico “permanente”, suficiente para construir una base de identificación y registro de ciudadanos, el resto son paparruchadas y gastos inútiles. Mientras en otros países la identificación comienza el momento del nacimiento sin perder tiempo ni dinero en papeleos burocráticos o cambios de registro y menos con un cartoncito, en el nuestro nos debatimos en el desacierto de nuestros gobernantes y sus adulones. XXX

BUSCANDO VOTOS

Nuestra Constitución Política del Estado en el artículo 2 habla con claridad de la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígenas y en el Art. 5 reconoce sus lenguas, entre las que no figura el “yuracaré-moxeño”, que son dos idiomas diferentes. La asimilación forzada para crear una etnia sin lenguaje propio tampoco cultura milenaria, como la que hicieron con la “comunidad yuracaré-moxeña”, es simplemente una imposición con ribetes colonialistas, en busca de votos. El grupo humano o pueblo yuracaré-mojeño es demasiado joven en comparación con la Yuracaré o el pueblo de Moxos, formado por la mezcla natural de razas. Hay peligro de seguir “creando” cientos de “naciones” basadas en esa mixtura racial, discriminadora, por diferentes causas y que se dan generalmente en las fronteras o por colonización, gracias a la interacción social de pueblos vecinos o invasores, dándose también por costumbres para conseguir pareja. Como lo dijimos, existe el pueblo Yuracaré y el pueblo Moxeño con identidades propias cada una, un lenguaje de comunicación e idioma propio, con una temporalidad precolonial. Al intentar crear una raza yuracaré-moxeña, están atentando al derecho de la autodeterminación de ambos pueblos y todo por lograr un curul en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, dejando a otros pueblos legítimos sin representatividad, reiteramos solo por tener un voto más. Es vergonzosa esa actitud de manipulación partidaria. El conglomerado “Yuracaré-Moxeño” tampoco cuenta con un idioma o lenguaje propio que lo identifique como pueblo, es tan joven que su existencia no pasa de las seis décadas. No existen las condiciones históricas ni culturales como para reconocer a esa mezcla racial como pueblo indígena. Si algunos antropólogos se manifestaron a favor de esa neo etnia tendrán que reconocer otras cien etnias conformadas por el fenómeno de la mezcla racial entre pueblos indígenas, especialmente en zonas del oriente boliviano y las fronteras con el Brasil y el Paraguay, sin hablar de los tobas argentinos con el hombre y la mujer guaraní.
Si tanta es la angurria de poder deben dejar sus actitudes circenses y de una vez declararse dictadores totalitaristas, así veremos si la gente les aguanta. Por respeto a nosotros mismos y a las comunidades Yuracaré y Moxeño, nuestros gobernantes están obligados a corregir sus errores, especialmente en los aspectos que atentan la Constitución que se comprometieron cumplir y hacer cumplir. Los asesores de nuestros gobernantes y legisladores están obligados a profundizar su investigación con referencia a las naciones indígenas antes de incurrir en equivocaciones que perjudican la representatividad de los pueblos. XXX

COBROS INDEBIDOS

Las autoridades, especialmente el Defensor del Pueblo, tienen que intervenir en las cárceles y convertirlas en centros de rehabilitación en lugar de constituir antros donde el abuso y la inhumanidad campean. Quienes ingresan a esos recintos tienen que pagar un alquiler por el espacio que ocupan, los nuevos reciben palizas de “bienvenida” y para cualquier diligencia es mediante el “reconoceré sus servicios” que consiste en pasarle un monto de dinero. Tenemos que hacer una diferencia entre los cobros que realizan los propios internos del penal como el de algunos policías. Esto simple y llanamente es coima, penado por nuestras leyes, difícil de tener pruebas salvo el testimonio de quienes sufren esos atropellos.
Comentando el hecho con un oficial de la Policía este se molestó y conminó a denunciar mediante la prensa, sin informar a qué oficinas se puede recurrir para sentar la denuncia, haciendo sentir al informante que estaría cayendo en el delito de complicidad de dichos actos al no denunciar. Es de dominio público las arbitrariedades y abusos que se cometen en el campo de la justicia, especialmente de quienes se encuentran en calidad de presos, muchas veces denunciados sin ningún resultado. Dentro las cárceles se han constituido clanes o grupos de poder quienes en concomitancia con algunos uniformados realizan los cobros y como pruebas nos remitimos a los bienes que poseen algunos detenidos sin tener una fuente laboral o la de ciertos policías, que con el poco sueldo que ganan, difícilmente podrían tener lo que poseen aunque toda la familia tenga fuentes de ingresos económicos.
Las autoridades están llamadas a realizar auditorías a los policías para determinar el cómo generan o generaron sus pertenencias especialmente los automóviles con los que cuentan y otros bienes. Es verdad que por todo servicio se paga pero esto podría darse cuando realizan trabajos ajenos a su ocupación. Esto no quiere decir que todos sean de ésa calaña, ya que hay presos que subsisten realizando trabajos de diferente índole en los talleres existentes dentro las prisiones, inclusive lavando ropa. Pero eso de vivir de los “alquileres” de los nuevos presos es inadmisible. Pregonamos que los presos no perdieron su situación humana, si bien perdieron sus privilegios ciudadanos, entre pares no deben esquilmarse como tampoco cometer los abusos como las golpizas, las violaciones homosexuales, los asesinatos o los intentos de asesinato, las amenazas y otros actos de lesa humanidad. Se debe dar una solución al problema y modernizar el sistema carcelario, rehabilitando al reo para reinsertarse en la sociedad. Las autoridades deben investigar los casos de corrupción en las cárceles y sus guardianes. XXX

AUTORIDADES DISCRIMINADORAS

El artículo cinco de la Ley cuarenta y cinco define la discriminación como “toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en… profesión, ocupación…” Desde esa definición el Gobierno es sorprendido en pleno acto de incumplimiento de esta nueva ley y de la Constitución Política del Estado, especialmente cuando incrementa a los trabajadores de YPFB casi en un 70 por ciento, a un sector de mineros leales más del 20%, discriminando a los maestros y otros sectores de mineros, salud y otros con un 11% y a los jubilados con un 5% montos que no significan nada en personas que tienen 400 u ochocientos bolivianos como ingreso mensual. ¿Habrá algún fiscal que sancione ese acto flagrante de discriminación? Hasta la pregunta es ingenua. Nuestras leyes parecieran servir para destruir e inhabilitar a los opositores cuando los oficialistas transgreden nuestras normas se aplica la ley del embudo siendo permisible para los oficialistas y bastante estrecha para cualquier opositor. Podemos tener las leyes más avanzadas, pero con una aplicación muy retrasada, como dirían los viejos juristas “hecha la ley, hecha la trampa”. Pueden dictarse o derogarse leyes, el meollo del asunto es el cumplimiento de las mismas y de los organismos coercitivos que ayuden en su aplicación. Las leyes en Bolivia la compararon con las telas de araña, donde solo los bichos débiles son atrapados porque los fuertes salen airosos de cualquier infracción. Eso pasará sin duda alguna con los gobernantes discriminadores, tendrán todo un ejército voluntarioso para encontrar los fundamentos para una “discriminación positiva”, muy usada en la sicología social, para justificar esos incrementos discriminadores y podríamos afirmar que existe algo de racismo, inequidad de género y generacional, incluyendo delitos hasta de misoginia muy bien disfrazado, porque la mujer para mucho de nuestros gobernantes es solo un aparato reproductor de la especie aunque su discurso diga lo contrario.
Nos da la sensación que seguimos en la vieja escuela de elaborar leyes para incumplirlas, es el deporte favorito en nuestro país, que pareciera generar bienestar y éxito a quienes actúan al margen de ley. Eso debería cambiar en el “proceso de cambio” que vivimos apoyados por más de la mitad de la población ciudadana. Los cambios en materia judicial deben ser radicales y con jueces probos ajenos e independientes del Órgano Ejecutivo, porque hasta el momento vemos a las claras que algunos de los administradores de justicia inclinaron la balanza de la diosa Themis hacia el lado de los gobernantes de turno. Si nos equivocamos que nos lo demuestren llevando a un juicio por discriminación a los mandatarios que ordenaron el incremento discriminador a dos sectores productivos. XXX

PREVENGAMOS LOS CONFLICTOS

Tanto perjuicio y sacrificio por uno o dos puntos en el incremento salarial, debe llamar a una seria reflexión en el sector de dirigentes de los trabajadores y encarar a futuro el tema salarial desde otras perspectivas. Mucha movilización por algo que podría haberse negociado de otra manera, como participar durante la confección y antes de la aprobación del presupuesto general del Estado Plurinacional, en la que se puede negociar inclusive la disminución del porcentaje en el dinero que se destina a las Fuerzas Armadas y a gastos reservados, aun en vigencia, para destinarlos a salud y educación.
Los puntos que se acordó entre los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y el Gobierno, no deben quedar en el documento por deficiencias en las comisiones conformadas como en el caso de la Caja Nacional de Seguridad Social, que no prestaron servicios por mucho tiempo debido a la huelga tanto de los trabajadores como de los médicos, esta institución requiere una pronta solución a sus falencias especialmente en el trato personal a sus asegurados y beneficiarios. Estamos seguros que debatirán el tema de los médicos familiares y su desempeño en bien de los asegurados, porque hasta el momento la mayoría de esos profesionales, con excepciones, trabajan generalmente a desgano todo el año. Las sugerencias que se hacen llegar mediante los buzones distribuidos en algunos lugares no llegan a solucionar ninguna deficiencia. En sus farmacias escasean los fármacos y el cuadro básico disminuye cada año que pasa, pareciera que estuviesen cuidando la economía de la institución pero para que dispongan de ella a discreción los ejecutivos del ente asegurador. Las colas para ser atendidos por los profesionales, además de la carencia de especialistas que disminuyen en la medida en que se van jubilando los expertos, dejando a los médicos generales llamados familiares casos que necesitan la atención especializada en determinadas enfermedades como la diabetes y otros.
Las movilizaciones sociales tienen que ser prevenidas por los ministros del ramo antes de que exista una convulsión social como las que vivimos las semanas pasadas. Ministro ineficiente tiene que ser cambiado de inmediato, sin entrar en la lógica del “ministro criticado por la oposición se mantendrá en el cargo” porque fomenta la mediocridad en dichos funcionarios del Estado quienes deberían servir al bien común desde sus carteras y no generar problemas o esperando bloqueos u otro tipo de movilizaciones para darse cuenta del problema a encarar. La dirigencia de los trabajadores tiene que aprender a gestionar la solución a sus problemas donde corresponda antes de sacar a sus dirigidos a las calles, lo demás es estulticia. XXX

MOVILIZACIONES PERJUDICIALES

Cualquiera de las movilizaciones sociales, como la de los transportistas, afectan el normal desarrollo económico y productivo, además paralizan al país. Esas manifestaciones dan la sensación de que carecemos de leyes. Quien debe normar, el tema de las tarifas y precios, es el Gobierno, siendo las autoridades departamentales “autónomas” quienes regulen conforme a ese marco legal como definir tarifas y precios locales, lo demás es pura imaginación, los precios y tarifas son responsabilidades de los gobiernos nacionales y departamentales. En el caso de pasajes no son los transportistas o los usuarios quienes impongan mediante la presión las tarifas. Las autoridades no deben eludir su responsabilidad. La dirigencia de cada sector está llamada a negociar en el transcurso de su gestión todas sus necesidades. Las confrontaciones posteriores son innecesarias y de exclusiva responsabilidad de quienes las convocan.
Si en una manifestación hay “infiltrados” (excusa pueril de los dirigentes) será conveniente no realizar ninguna movilización debido a que las consecuencias de lo que suceda durante o posteriormente es de exclusiva responsabilidad de quienes la convocan. Por lo que ninguna excusa es válida, los dirigentes o responsables deben ser juzgados por los desmanes que ocurran durante cualquier levantamiento.
Si cada habitante actúa fuera de los marcos legales tiene que ser sometido a los efectos de la ley transgredida, nadie es inmune a la aplicación de la misma.
Debe respetarse los derechos de los demás, no podemos apedrear, asaltar, bloquear para “hacerse escuchar” atentando las normas constitucionales. Somos responsables por la seguridad de todos, especialmente de quienes sufren las consecuencias de acciones irracionales, de las que nadie se responsabiliza. La combatividad a la que algunos dirigentes convocan tiene que efectivizarse en espacios de debate e intercambio democrático de intereses, negociando en mesas de diálogo cualquier coyuntura o necesidad del momento. La elevación de precios en cualquier producto o servicio repercute en la economía de las familias que viven a diario con pingües ingresos o salarios por debajo de las expectativas de un vivir bien. Además con los bloqueos impiden la libre circulación, especialmente de ambulancias o de los camiones con cemento para reparar uno de los puentes dañados por la riada en el trópico cochabambino, atentando contra el país por lo que, los responsables deben ser enjuiciados, también en el caso de la sede de los fabriles, ocasionado por manifestantes con el cerebro fuera de caja.
Reservemos las movilizaciones para situaciones que valgan la pena además sin perjudicar a la gente ni agredirlas de diversas formas. XXX